La condición docente y la calidad de la educación –Félix García Moriyón & Roberto Colom

A finales de 2002, preparamos un manuscrito que se publicó, entre otros lugares, en la revista ‘Escuela’. Hubo una serie de reacciones, tanto favorables como contrarias, a nuestra perspectiva. Si alguien desea acceder a esos documentos deberá buscar en una hemeroteca. Google será infructífero.

Ahora que José Antonio Marina se ha puesto manos a la obra para contribuir a renovar la educación en España, aunque no solamente él, consideramos que puede resultar de cierto interés recuperar aquel escrito.

Percibimos un solapamiento, aunque relativo. Lean y valoren por su cuenta, si lo desean.

La existencia de un problema

Se acumulan los datos sobre el bajo rendimiento del sistema educativo español, un enfoque distinto al tradicional que se centraba en un concepto igualmente complejo como el de fracaso escolar. Conviene especificar qué entendemos por bajo rendimiento.

Las evaluaciones internacionales sobre rendimiento académico sitúan a España en un nivel preocupantemente bajo, y en el mismo sentido van las evaluaciones realizadas por el Instituto de Calidad y Evaluación de nuestro Ministerio de Educación.

Por otro lado, las investigaciones realizadas por los psicólogos en los últimos años indican que la competencia intelectual de los estudiantes españoles se sitúa en un nivel equivalente al de otros países con mayor éxito (como, por ejemplo, Finlandia). Siendo la competencia intelectual el predictor más poderoso del rendimiento académico, lo lógico es que el rendimiento académico de nuestro alumnado fuera mucho mejor que el que tiene en estos momentos y se situara en los niveles altos en las comparaciones internacionales.

La calidad de la educación parece, por tanto, pobre.

Por otro lado, las evaluaciones del rendimiento académico realizadas en nuestro país son altamente consistentes, en el sentido de que los estudiantes mejor evaluados un año, son también los mejores evaluados al año siguiente. Y los estudiantes peor evaluados un año, son también los peor evaluados al siguiente. Si nos atenemos al porcentaje de alumnos que en España obtienen la titulación en la enseñanza obligatoria, el rendimiento no es muy inferior al que se da en otros países.

El fracaso escolar no parece, por tanto, especialmente llamativo.

Estos datos sugieren que hay algo que no se está haciendo bien en el sistema educativo. El profesorado está evaluando un rendimiento académico que tiene poco que ver con las competencias intelectuales que poseen nuestros alumnos y que tampoco guarda relación con lo que se tiene en cuenta para evaluar el rendimiento académico en los organismos internacionales. Esta clara distorsión del papel que debe desempeñar la educación tiene adversas consecuencias, a medio y largo plazo, para el desarrollo humano del país.

Este problema puede considerarse más grave si tenemos en cuenta que correlaciona positivamente con otros indicadores importantes relacionados igualmente con el nivel cultural de los ciudadanos españoles: los índices de lectura de libros y periódicos, el uso de bibliotecas, los gastos en investigación o los índices de patentes, son algunos ejemplos.

Causas del problema

Un problema de esta magnitud es provocado, sin duda, por múltiples causas. Sin embargo, de todas ellas hay una que consideramos dominante y que constituye un factor esencial en la explicación y comprensión del bajo rendimiento académico del alumnado. La responsabilidad fundamental recae sobre el sistema educativo tal y como está planteado en este país, y dentro de dicho sistema es el profesorado el responsable fundamental de que se esté dilapidando el potencial de aprendizaje de nuestros estudiantes.

El profesorado no está haciendo bien su trabajo. Es más, podríamos incluso decir que no está haciendo su trabajo y que se está dedicando a otra cosa que, desde luego, es funcional para el sistema educativo, pero no lo es para garantizar que los estudiantes aprendan lo que deben para educarse. Esta carencia del profesorado es mayoritaria y está presente en todos los niveles educativos, desde la escuela infantil hasta la universidad. En cierto sentido se va incrementando al mismo ritmo que la edad del alumnado, pero todos los profesores lo hacemos bastante mal.

El fallo fundamental del profesorado es que está planteando una enseñanza en la que prima el aprendizaje de unos contenidos, sustancialmente retenidos de forma memorística, gracias a los cuales van a poder ofrecer resultados satisfactorios en unas pruebas de calificación que son muy poco exigentes desde el punto de vista intelectual. Desde los primeros años del sistema educativo, el alumno descubre que es suficiente con retener unos cuantos conocimientos uno o dos días antes de una prueba para poder pasarla con éxito. Apoyado en libros de textos, coherentes con esos planteamientos, el profesorado aplica la ley del mínimo esfuerzo pedagógico.

No se trata de que el profesorado sea especialmente incompetente o poco  profesional. Básicamente, se dedica a hacer lo que de él se pide y exige y, como le ocurriría a cualquier otro ser humano, como les ocurre a sus estudiantes, no realiza un esfuerzo para desarrollar métodos pedagógicos que permitan y obliguen a sus estudiantes a potenciar su competencia intelectual y a maximizar su formación.

También aquí encontramos un problema provocado por causas diversas, entre las que pueden destacar la escasa preparación pedagógica del profesorado, prácticamente nula en el caso del profesorado de secundaria y de universidad. Tiene también una importante incidencia las condiciones de trabajo, en especial en el caso del profesorado de centros privados, la distribución del alumnado, la escasez de recursos, la ausencia de una política adecuada de estímulos a la función docente y de formación permanente.

También en este aspecto consideramos que hay una causa decisiva que contribuye a explicar la situación. Nadie exige al profesorado mucho más de lo que está haciendo. No se lo exige la inspección educativa, cuya función se ha limitado a estériles controles burocráticos; no se lo exigen las familias, que bastante tienen con el hecho de que sus hijos estén escolarizados y vayan obteniendo los títulos necesarios; no se lo exigen tampoco los estudiantes, para los que el actual modo de funcionamiento es cómodo en la medida en que les exige un escaso esfuerzo intelectual. Tampoco se lo exige la sociedad en general, al menos los responsables políticos que la representan, pues se ha optado en la práctica por un sistema educativo cuya función básica es la de custodia y selección del alumnado para legitimar la posterior adscripción de las personas a los diversos niveles sociales.

Soluciones al problema

El problema es grave, pero consideramos que tiene solución. Desde luego contamos con el potencial humano suficiente para salir bien parados del esfuerzo: el alumnado dispone de capacidades cognitivas más que suficientes para gestionar su proceso educativo y lo mismo se puede decir del profesorado.

El eje de la cuestión se centra en introducir, con todas sus consecuencias, un proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado con una doble dimensión.

Por un lado, una evaluación formativa que permita al profesorado descubrir qué es lo que está haciendo mal y está provocando que sus alumnos no aprendan lo que deben. No se trata tanto de revisar los objetivos educativos, pues están bastante claros en la legislación vigente, cuanto de verificar que es eso y no otra cosa lo que se está enseñando en las escuelas.

Por otro lado, debe ser una evaluación entendida como rendición de cuentas. La sociedad debe comprobar que las personas que trabajan en la enseñanza están haciendo lo que de ellas se pide y que el salario que reciben por su trabajo es merecido. Si el resultado obtenido es negativo, el profesorado tiene que modificar su práctica docente para poder seguir ejerciendo su función.

Esta evaluación tiene que cumplir algunos requisitos. Es necesario que sea externa, es decir, la evaluación será realizada por un equipo independiente del centro en el que ese profesor enseña. Ya que los conocimientos y habilidades a adquirir están consensuados dentro del sistema educativo, no existe ningún problema en preparar pruebas de evaluación para todo el territorio educativo que, además, posean las garantías científicas que deberían reunir los instrumentos de evaluación de los conocimientos que los estudiantes deben poseer.

El profesorado tendrá muy claro cuáles son los objetivos que se le exigen y recibirá las indicaciones oportunas de actuación para enseñar a sus estudiantes los conocimientos y habilidades previstos para esa materia y ese curso académico. Ya que ha sido contratado como un profesional de la educación, será él el único responsable de llevar a buen puerto el curso. Eso sí, las autoridades competentes adquirirán el compromiso expreso de garantizar una adecuada formación inicial y de satisfacer las peticiones razonables que ese profesor pueda realizar (por ejemplo, un curso de formación especializado sobre una determinada temática, una estancia en algún centro para mejorar sus habilidades docentes, etc.).

Pero será siempre la propia profesora o el propio profesor quien haga el oportuno requerimiento, proactivamente.

Las dos evaluaciones deberán ser realizadas de manera sistemática, siendo la inspección educativa la encargada de llevarla a la práctica, proponiendo al profesorado, de forma consensuada, las medidas correctoras que se consideren necesarias.

Al menos al final de cada ciclo deberá haber también una evaluación mediante la realización de pruebas al alumnado del territorio educativo de la comunidad autónoma y del país.

El objetivo de estas pruebas no consiste en verificar el nivel de conocimientos del alumnado para hacer depender de él la obtención de un título académico, ni pretende tampoco elaborar unas posibles listas de colegios según el nivel de éxito de sus alumnos. Si así fuera estaríamos reproduciendo algunos de los errores fundamentales que han provocado la situación actual.

El objetivo de la evaluación es verificar que el sistema educativo, que el profesorado, está cumpliendo adecuadamente con su trabajo y, como lógica consecuencia, el alumnado está aprendiendo lo que debe.

La evaluación debe además tener consecuencias.

En el caso de que los resultados no fueran suficientes, será necesario introducir las modificaciones necesarias para que el profesorado mejore su actuación, proporcionándole el apoyo que tanto los evaluadores como el mismo profesorado estimaran necesario.

Si eso no fuera suficiente y persistiera el escaso rendimiento educativo, sería imprescindible apartar de la función docente a quienes no estuvieran capacitados para ejercerla adecuadamente.

Comentario final

Consideramos que actuar en este sentido es urgente y constituye, además, una clave esencial de la mejora de nuestro sistema educativo.

Es necesario hacer más cosas, sin duda, pero este debe ser el hilo conductor o el eje en torno al cual se articulen las demás medidas.

Consideramos que la Ley de Calidad, a punto de ser aprobada, no ha enfocado bien el tema y va a ayudar poco a conseguir lo que dice pretender. No ha sido correcto su análisis del problema, tampoco el de las causas y, como es lógico, las medidas propuestas no son las adecuadas.

Esto implica que optamos por un sistema educativo cuya función básica es la de preparar a las personas para poder ser ciudadanos bien formados, con un pensamiento crítico y una madurez personal que les permita participar activamente en la sociedad a la que pertenecen y en el puesto de trabajo que en su momento tengan que ocupar. La función de selección del alumnado y de titulación académica será siempre secundaria y estará subordinada a la anterior.

Nuestra propuesta implica igualmente que, por fin, la sociedad se va a tomar en serio la enseñanza y a sus profesores, y que va a exigir del sistema educativo y de los profesionales algo sustancialmente diferente de lo que viene exigiéndoles hasta el momento.