Según parece, la gota que colma el vaso se ha materializado. Hace tiempo que los profesores protestan por su escasa libertad de movimientos para controlar los accesos de indisciplina de sus alumnos. Ahora, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, parece decidida a actuar con mano resolutiva, a petición popular (no de su partido, sino de la gente de la calle, según se dice).
Como es usual, este cambio se hará a golpe de ley, la Ley de Autoridad del Profesor. A través de ella se le otorga al profesor la condición de autoridad pública. En otras palabras, se blinda antes las variadas coyunturas que se le puedan presentar.
Algunas de las consecuencias de esta ley son que su palabra será más confiable, por definición, que la de un alumno, y, además, un intento de agresión hacia él será considerado como un delito. En una palabra, el profesor gana autoridad dentro del aula. Los problemas que se produzcan en las clases podrán dirigirse al juzgado. En caso de ser condenado, el chaval –o chavala—podría terminar encerrado, de 1 a 4 años, en alguna clase de correccional.
Los padres de los alumnos deberán aceptar el cambio, firmando expresamente un escrito de consentimiento. Tal actuación les obligará a aceptar lo que pueda suceder en un futuro a partir de la aplicación de esta ley.
Mi opinión sobre este eventual cambio es desfavorable. Considero innecesaria esta ley, al igual que muchas otras, por descontado. El afán por regularlo todo terminará con nuestra libertad de movimientos. Consentir estas actuaciones políticas nos perjudicará, más temprano que tarde. Curiosamente lo aceptamos sin rechistar –preveo que los padres firmarán religiosamente, aunque no vayan a la iglesia, sin pensárselo dos veces.
¿No será mejor preguntarse por qué se produce ese supuesto desorden en las aulas?
¿Es el problema realmente tan acuciante como para que sea precisa una ley?
¿No sería bueno saber qué piensan los chavales de todo esto?
¿Alguien las ha escuchado?
¿Se han tomado siquiera la molestia de preguntarles?
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