Todos a la cárcel –por Antonio Andrés Pueyo

Volver a ver hoy las películas del gran Berlanga, como, por ejemplo, ‘La Escopeta Nacional’, ‘Patrimonio Nacional’ o ‘Nacional III’ (la trilogía de la familia Leguineche) es divertido. Es verdad que si uno se pone en el estado mental propio del “tertuliano político” o del “analista de la actualidad”, no dejan de ser una trágica metáfora de nuestra cotidianeidad.

Hoy es mas adecuada, y especialmente divertida, la película que Berlanga hizo, en 1993, “Todos a la cárcel”. En cuanto la ves, aunque solo sea el tráiler en Youtube, es difícil que no se te escapen unas primeras risas y, si la ves completa, te deja una agradable sensación de euforia. Aunque solo sea por este placer pasajero es recomendable verla.

Pero, y como es propio de los estados de ánimo, de la sensación de dicha, desahogo y confort se pasa, con una cierta facilidad y rapidez, a un estado de desazón, irritación e incluso enfado. El desfile de políticos, empresarios, banqueros, artistas, e incluso curas y párrocos que vemos entrar cada día a las prisiones de nuestro país, da para ese cambio de estado de ánimo y para mucho más.

El desfile esta bien nutrido, diría que trufado, de “personas socialmente muy destacadas”: el anciano expresidente del Futbol Club Barcelona José Luis Nuñez, Isabel Pantoja, el exministro Jaume Matas (otrora político modélico), el expresidente de la diputación de Castellón Carlos Fabra, la cuasi-manada, más que banda de delincuentes, resultado de la operación Malaya (el fraude urbanístico de Marbella), Bárcenas y los de la trama “Gürtel”, los múltiples imputados de los EREs de Andalucía, unos cuantos banqueros que presidian –tan solo hace 5 o 6 años – respetables consejos de administración de muchas Cajas de Ahorros, ahora desaparecidas.

Este desfile no ha acabado y aún faltan los Millet, los Pujols y otros que aún están considerados “presuntos” culpables de delitos que están en trámite judicial. La corrupción política, los fraudes económicos y todo un conjunto variado de delitos de “cuello blanco”. Han sido tan frecuentes que realmente descorazona pensar la extensión y las consecuencias de estos comportamientos antisociales realizados por personas que, no solamente suelen tener buenos patrimonios, sino que eran considerados socialmente unas personas capaces, honestas, solventes, responsables y dignas.

No obstante, además de todos estos personajes que estamos viendo ingresar en la cárcel, diariamente entran muchas otras personas, vale decir como es habitual ahora de la “sociedad civil”. Van para cumplir las penas de privación de libertad que les ha impuesto la Justicia porque han cometido cualquier tipo de delito: robos, hurtos, fraudes, lesiones, agresiones de pareja, asesinatos, abusos sexuales, delitos contra la seguridad vial, han traficado con sustancias ilegales, no han pagado sus obligaciones derivadas de la responsabilidad civil, etc..

Si se hace un recuento del número de internos hay en las prisiones españolas en este momento, el resultado aproximado es de 67.000. Este número corresponde a una tasa de 143 presos por 100.000 habitantes. Es la tasa más alta de nuestra historia reciente. Actualmente, es la segunda más elevada de toda la Europa de los 15, por detrás de Reino Unido que tiene una tasa de 149 por 100.000. Cercanos a nosotros están Portugal (137 por 100.000) y Grecia (111 por 100.000). La más baja es de 58 por 100.000 en Finlandia, pero también destaca la de Suecia (67 por 100.000), Alemania (77 por 100.000) y Holanda (82 por 100.000).

En cualquier caso, ningún país supera la tasa de los USA, que es de 707 x 100.000 habitantes, y que sigue encabezando el ranking de numero de presos en el mundo, con un total aproximado de 2,4 millones de personas. Actualmente, este problema es una prioridad nacional en los Estados Unidos y están realizándose políticas urgentes para cambiar radicalmente la situación. Para ello se está analizando cómo se han hecho las cosas en países europeos como Holanda y Alemania en cuanto a la gestión de las prisiones y las leyes penales.

Olvidémonos de quiénes son y por qué han entrado en prisión los famosos que ahora cumplen condena y que ocupan las portadas de los medios de comunicación. Lo que planteo a continuación esta provocado, en cierto modo, por los famosos que han entrado en ella. Esta guiado, principalmente, por lo que pasa con las personas “anónimas”, hombres y mujeres de todas las edades, de diferente condición social, grupo étnico o cultural, formación, etc..  que están en prisión. Esta referencia vale, por tanto, para casi un total de 70.000 internos que están en prisión en nuestro país.

En términos cuantitativos, en los centros penitenciarios españoles entran cada día unas 100-120 personas, que estarán en ellos por un período que va desde unos pocos meses (3 ó 6 meses) a muchos años (17-25 años). Y salen de ellos, también en promedio, entre 50-60 personas al día en distintas condiciones legales, muchas de ellas en libertad definitiva.

No soy capaz de hacer  una descripción cualitativa de las experiencias vitales y consecuencias personales que se producen por el paso por la prisión. Se puede imaginar, pero es realmente muy heterogéneo para resumirlo y no simplificarlo demasiado. La experiencia penitenciaria para los internos va desde catastrófica para sus vidas hasta cuasi providencial, ya que algunos incluso salvan su vida, literalmente, por haber estado en prisión (por ejemplo, de enfermedades que de otro modo hubiesen sido mortales). Naturalmente, y en general, la experiencia es mayoritariamente negativa en clave personal y psicosocial, aunque también hay que decir que estos efectos son pasajeros en muchos casos.

La pena de cárcel es el paradigma de la pena o castigo por cometer un delito. Esta idea esta muy generalizada. De hecho, sirve de “marco mental” para comprender la lógica simple y vulgar de la justicia “lega”. En general, se cree que la verdadera pena, lo que de verdad se merecen los delincuentes – hayan cometido el delito que sea – es la cárcel y lo entendemos así porque la cárcel significa sufrimiento y lo asociamos al castigo. Se suele decir que el delincuente “sufra” por el daño que ha hecho. Y se añade, “así no lo volverá a hacer”. Casi sin excepción, cada vez que oímos que “el sr. X ha hecho un delito y ha ingresado en prisión” muchos, o casi todos, pensamos o decimos en voz alta: “es lo que se merece, que no lo hubiese hecho y a ver si así no lo vuelve a hacer”.

Pero entre esta simple idea y la realidad hay mucha distancia, toda la que va en términos de evolución de las leyes penales y sus aplicaciones desde el siglo XVII hasta hoy. Son muchos y muy relevantes los cambios que han sufrido la normas legales en cuanto a la aplicación de las penas a los delincuentes. Pero sobreviven las ideas, estrechamente asociadas, de que si alguien delinque debe “pagar” el precio de su mala acción en la cárcel y que esta pena es la única que realmente puede disuadir de cometer un nuevo delito, porque está asociada al sufrimiento.

No obstante, y hablando con precisión, nadie va a la cárcel para pagar el “precio” de su delito y, además, desgraciadamente, el poder disuasorio de la prisión y de la duración de la pena es pequeño o muy pequeño.

Actualmente, en todos los códigos penales hay una gran variedad de penas – y no solo la privación de libertad - que se aplican en función de los delitos y las circunstancias de los actores.

En el Código Penal vigente en España se reconocen tres grandes tipos de penas:

(1)  Las graves (por ejemplo, la prisión superior a cinco años, la inhabilitación absoluta, la privación de la patria potestad, entre un largo catálogo de otras penas).

(2)  Las menos graves (por ejemplo, la prisión de tres meses a cinco años, la suspensión de empleo o cargo público…).

(3)  Las penas leves (por ejemplo, la privación del derecho a conducir o los trabajos en beneficio de la comunidad, entre otras).

Es decir, que según la gravedad de la acción punible, y otras circunstancias, el código penal indica unas penas que el juez o el tribunal ajusta al caso particular.  Así que la prisión es una más de las penas posibles por delinquir.

Además, la Constitución española dice:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad” (Artículo 25.2).

El papel de la prisión no es castigar.

El castigo es la sentencia en sí misma, la privación de libertad que comporta. Ese es el verdadero sentido punitivo de la condena. El sufrimiento que comporta estar privado de libertad es como un “daño colateral” de la pena. Los países que entienden bien esta realidad penal (en la que de verdad está posicionada nuestra Constitución y las leyes que regulan las políticas de ejecución penal) están trabajando eficazmente para reducir el numero de internos en las prisiones, para reducir su reincidencia, para facilitar la rehabilitación y la reinserción social. Estos países aplican sus mayores esfuerzos en promover el cambio personal en los delincuentes, la restauración del daño y promover la “re-entrada” de los penados en la sociedad para que se integren en ella de forma completa, sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Haciendo lo que se puede denominar una “reintegración segura” de los delincuentes.

¿Se está haciendo en España?

La respuesta es sí, en parte.

Y ¿funciona?

La respuesta también es sí, pero falta dar un paso más, ampliar al máximo posible de internos la posibilidad de cumplir las penas privativas de libertad en el contexto comunitario, especialmente de aquellos presos que tienen un riesgo bajo de reincidir.

Desde hace unos cuantos años, en Holanda, Suecia, Alemania e incluso en algunos estados norteamericanos como Colorado, California, New Jersey o Illinois, se está reduciendo el numero de presos, cerrando prisiones y aplicando políticas de gestión comunitaria de las penas. Estas medidas, que representan un importante ahorro a las arcas públicas – que se pueden destinar a los servicios socio-sanitarios que tan buen papel hacen en la rehabilitación de los delincuentes –están ofreciendo buenos resultados en términos, tanto de seguridad, es decir reduciéndose la reincidencia, como de reinserción social.

Por el contrario, en otros países, como el nuestro, pero también el Reino Unido, Bélgica o Francia, las políticas penitenciarias van, mayoritariamente, en sentido contrario: más y más delincuentes a la cárcel, aumentamos el numero de prisiones, aumentamos las penas privativas de libertad… y eso no solo cuesta muchísimo dinero, sino que además es contraproducente. La evidencia contrastada dice que, para rehabilitarse, no todos los delincuentes deben pasar por prisión. Es más, la mayoría no lo requieren y su paso por la prisión lo empeora todo.

Solo a modo de comentario paradójico, en España se introdujeron las llamadas Medidas Penales Alternativas precisamente para disponer de tipos de penas que permitiesen evitar las condenas de prisión. El resultado es que han aumentado ambas: las alternativas y las de prisión. ¿Por qué? La respuesta es para otro comentario.

El cambio que esta produciéndose en los países que reducen las prisiones y los presos, se basa en unas tecnologías que los técnicos y profesionales del mundo de la ejecución penal saben aplicar y son competentes para hacerlo. Son precisas decisiones directivas y que los responsables incluyan en su agenda política, y para la prevención de la delincuencia, aplicar estas tecnologías que tan buenos resultados están dando en los países avanzados que las han adoptado.

Mientras tanto, la vida sigue y al paso que vamos cuantos más “desfilarán” por la cárcel en los próximos años... (que el lector acabe la frase como más le guste).