Es
un hecho ampliamente aceptado entre los profesionales que trabajan con
delincuentes que el tratamiento de los psicópatas es un objetivo que roza lo
imposible, y que, además, ciertas intervenciones, lejos de inducir mejoras en
este grupo humano, pueden tener precisamente el efecto contrario, y hacerles
aún más peligrosos.
Esta
idea parte del estudio clásico de Rice et al. (1992)
que, tras una intervención desarrollada en comunidad terapéutica, informa de un
efecto inverso. Es decir, que los psicópatas tratados reincidían con mayor
probabilidad que los no tratados.
Este estudio ha tenido un profundo impacto en el trabajo con
psicópatas.
Se
comparaba a 146 agresores diagnosticados de trastorno de personalidad con 146
agresores no tratados, pero igualmente diagnosticados. El programa se
desarrollaba en una comunidad terapéutica diseñada para delincuentes violentos
con trastorno grave de personalidad. Los autores aplicaron el PCL-R (un test
diagnóstico) a todos los participantes.
Posteriormente
se realizó un seguimiento en libertad de diez años.
El
sorprendente resultado fue que los psicópatas no tratados tenían tasas de
reincidencia menores que los tratados (55% frente a 78%) algo claramente
inesperado y preocupante.
La
conclusión que extraen los autores es que los psicópatas tratados habían
aprendido, probablemente, un lenguaje emocional durante sus sesiones de
tratamiento que les convertía en individuos más manipuladores
y por lo tanto más peligrosos.
¿Pero qué encontramos en el artículo
original cuando los autores describen el tipo de tratamiento desarrollado en la
comunidad terapéutica? Se afirman cosas como que “los pacientes
tenían muy poco contacto con los profesionales” y que “ninguno de los
programas estaba dirigido específicamente a cambiar actitudes antisociales,
enseñar habilidades sociales o de resolución de problemas, o entrenar en
habilidades de la vida diaria” (pg 402).
En
una publicación posterior (Harris, Rice & Comier,
1994) los autores describen la intervención con mayor detalle. Allí
señalan que “la
intensa exploración de las experiencias subjetivas y los valores personales se
extendía al uso de sesiones maratonianas de encuentro desnudo, dentro de la cápsula de encuentro
total, una pequeña habitación en la que se proveía la comida a través de tubos
en la pared y de la que ningún miembro del grupo salía durante sesiones que
duraban hasta dos semanas” (pg 286). También señalan que “el programa asumía
que los pacientes debían ser los agentes de cambio unos para los otros”,
o que “el cambio
terapéutico era mucho más probable sin terapeutas profesionales”.
Más
de veinte años después, los mismos autores siguen afirmando que “algunos tratamientos
que son efectivos con otros delincuentes, son dañinos para los psicópatas ya
que promueven la reincidencia” (Harris & Rice, 2006).
El
problema es que la idea de que intervenir con psicópatas les puede hacer más
peligrosos, y que, por lo tanto, no hay intervención posible, ha quedado como
un dogma para los profesionales que toman decisiones que afectan al manejo
legal y al tratamiento penitenciario de estos internos.
Algunas
consecuencias de este pesimismo con respecto al tratamiento son:
- Una sobreestimación del riesgo de reincidencia de estos internos.
Si no es posible realizar ningún tratamiento ni modificar su comportamiento,
las probabilidades de reincidencia futura se disparan.
- Una infravaloración de cualquier éxito terapéutico
observado, ya que probablemente ha de tratarse de un intento de manipular al
terapeuta a través de ese lenguaje emocional aprendido en las sesiones.
- Exclusión de programas de tratamiento, ya que lo único
que lograremos es aumentar la reincidencia.
La
idea de la inmodificabilidad de los rasgos psicopáticos tiene consecuencias
dramáticas en el mundo de la práctica forense real. El profesor John Edens señala como, en Estados Unidos, los jurados tienden a apoyar la pena de muerte (y a
rechazar la cadena perpetua con opción a probation)
cuando un individuo es etiquetado como psicopático. Las puntuaciones en el
PCL-R se utilizan por los peritos para motivar la aplicación de la pena de
muerte, dado que los psicópatas son considerados como una amenaza continua a la
sociedad incluso dentro de prisión.
Recientemente,
Olver & Wong (2009) evaluaron, mediante el
PCL-R, a 156 agresores sexuales encarcelados que seguían tratamiento
psicológico específico para esta clase de agresores. Aunque los internos con
tendencias psicopáticas abandonaban con mayor probabilidad el tratamiento, un
75% de ellos completó el programa. Los que abandonaban reincidían violentamente
con mayor probabilidad (91,7%) que los que lo completaban (60,6%). En el caso
concreto de la violencia sexual, el 42,2% de los psicópatas tratados reincidía,
mientras que lo hacía el 50% de los que no completaron el programa. Los resultados indican un efecto moderadamente positivo sobre
el comportamiento violento de esta población.
Nadie
que haya tenido contacto con este grupo humano puede pensar que es fácil
realizar un tratamiento efectivo con psicópatas. Como
psicólogo penitenciario, en los últimos diez años he tenido ocasión de conocer
a muchas personas con este perfil. He visto convertir un apuñalamiento por la
espalda en “el choque entre dos toros, Bruce Lee contra Chuck Norris”, la ejecución innecesaria de la víctima de un atraco en “un accidente laboral”, el homicidio de un adolescente en “cosas de críos”, o el asesinato mediante un martillo Carrefour de un
traficante de medio pelo en un complejo guión propio de Tarantino.
Las
implicaciones sociales de este tipo de personalidades y del problema de su
manejo son innegables. Aunque no me gusta realizar juicios diagnósticos desde
la distancia, el noruego Breivik
tiene un aspecto más psicopático que psicótico, en contra de lo que han
dictaminado los peritos de la Administración de aquel país. Este juicio tampoco
me sorprende. Es relativamente sencillo confundir las ideas de grandeza
psicopáticas con ideas delirantes. Quizás no sean más que parte del mismo
continuo.
Decidir
qué hacer con estas personas es un problema de seguridad pública de primer
orden. Pero, siendo rigurosos, el nivel de desarrollo técnico actual solamente
nos permite afirmar que se ha realizado un número claramente
insuficiente de estudios sobre este tema, y que, además, estos estudios
adolecen mayoritariamente de serios problemas metodológicos.
Un mensaje muy perturbador.....Entonces, a pesar de lo relevante de la cuestión podríamos decir aquello de "Solo sé que no sé nada"....
ResponderEliminarPero señor herrero, en función de su experiencia profesional, ¿que haría usted con los reclusos con diagnóstico de psicopatía? ¿qué recomendación haría al señor Gallardón, ministro de Justicia, para que reformara el código penal?
Me hace usted dos preguntas muy agudas.
ResponderEliminarEl señor Gallardón, por lo que veo, tiene el objetivo de introducir algún tipo de medida de supervisión post-condena siguiendo el ejemplo de otros países como Inglaterra o EEUU. El anterior gobierno ya introdujo la medida de libertad vigilada, que básicamente tiene como objetivo someter a seguimiento profesional e incluso tratamiento obligatorio al interno una vez ha terminado su condena.
Introducir una medida de este tipo para casos muy graves me parece apropiado, pero es un objetivo complicado que me temo que se aborda de forma muy superficial, tanto por parte de este gobierno como del anterior. Los sistemas de Probation (la versión anglosajona de este tipo de medidas comunitarias) en Inglaterra y USA son complejos y están extraordinariamente dotados de profesionales y recursos. Por ejemplo, loa oficiales de probation ingleses pasan dos años de formación antes de empezar a trabajar y forman parte de una administración independiente de la penitenciaria. ¿Quién va a ejecutar estas medidas de seguimiento que proponen nuestros sucesivos gobiernos? ¿Los equipos psicosociales de los juzgados,saturados de trabajo por la violencia de género? ¿Las juntas de tratamiento de las prisiones que ya manejan a miles de internos? ¿la policía y Guardia civil también saturadas entre otras cosas por la protección de víctimas de violencia de género? Indudablemente estas medidas precisan dinero y recursos. Nadie parece pensar en eso. De otra forma serán simplemente parches de tinte electoralista. Y precisan además de un enorme rigor técnico en su aplicación. Una de las propuestas del Sr. Gallardón es poder alargar hasta diez años la estancia en prisión de un agresor sexual en base a su probable reincidencia futura. Esto es extremadamente delicado. ¿Quién lo decidirá y en base a qué instrumentos?
Resumiendo, al Sr. Gallardón le diría que inicie un estudio serio de la viabilidad de aplicación de estas medidas, de su dotación presupuestaria, y de qué nos dice la ciencia acerca de las personas a las que habrá de aplicarse. Quizás este proceso exceda incluso una legislatura, pero no puede lanzarse una propuesta de este tipo a los seis meses de entrar a gobernar.
Con respecto a los internos psicopáticos, está claro que su manejo es extremadamente delicado. Los pasos a dar en este problema empiezan en España desde muy abajo. Disponemos de una versión adaptada del PCL-R (el instrumento que se utiliza mayoritariamente para diagnosticar psicopatía) desde hace un año. Este instrumento ni se ha proporcionado a los profesionales de las prisiones ni se les ha entrenado en su uso. Así que de momento habría que empezar por formar seriamente a la gente en este campo. Segundo, los programas específicos de tratamiento (agresores sexuales, violencia de género, drogas) deberían incluir una medida de psicopatía entre sus medidas de evaluación previa, y este grupo seguido de forma especial para determinar su tasa empírica de reincidencia. Mientras tanto, yo a mis alumnos ocasionales (nuevos psicólogos penitenciarios) siempre les recomiendo prudencia. El daño que puede hacer una persona de estas características durante una excarcelación temporal (un permiso por ejemplo) es demasiado grande como para asumir riesgos innecesarios. Ninguna persona que ande por la calle tiene que pagar nuestros experimentos.
Comparto tus reflexiones, Óscar, aunque me sorprende que haya tan poco comprobado en estos momentos.
ResponderEliminarEn mi libro Sobre la bondad humana, mantengo que los psicópatas graves son moralmente irresponsables, pues carecen de una capacidad emocional necesaria para actuar moralmente. Tengo entendido que en el sistema penal español, si se diagnóstica psicopatía severa a una persona, se la considera legalmente in-imputable, por lo que no se la puede condenar y se la recluye en un centro especializado. Este articulo explica el problema: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/7/cnt/cnt4.pdf
Hasta donde yo sé, la tendencia es a que los psicópatas sean considerados responsables penalmente de sus actos. Esto te lo digo a partir de los comentarios con amigos que se dedican a la evaluación forense en juzgados de lo Penal. Piensa que actualmente tú no puedes presentar en un juicio un diagnóstico de psicopatía, porque esta entidad no está presente en ningún manual diagnóstico oficial. Los profesionales tienden a utilizar el diagnóstico de Trastorno Antisocial de la Personalidad, que está recogido en el DSM-IV-TR. Un diagnóstico de trastorno de la personalidad difícilmente conduce a ser considerado como una eximente completa. Con todo, el resultado final dependerá del juez y de los peritos que hayan evaluado al acusado. Así que puedes encontrar personalidades psicopáticas en las prisiones y en los psiquiátricos penitenciarios (aunque no son los inquilinos más habituales de estos centros). El giro en este tema lo introducirán los datos neurocientíficos sobre el cerebro de los psicópatas cuando irrumpan en los juzgados. Ahí nuestro amigo Roberto seguro que puede opinar mucho
ResponderEliminarPor ahora poco se puede hacer legalmente con los datos sobre el cerebro de la personalidades antisociales. Estamos todavía lejos del equivalente a las famosas pruebas de ADN. Pero todo llegara...
ResponderEliminar