¿Nos envenena el Estado?

En su salvaje afán recaudatorio, lejano --muy lejano-- de la búsqueda de líneas creativas de actuación que contribuyan a salir del estado económico que asola a la sociedad, el Estado eleva los impuestos.

Ahora el impuesto que se aplica al tabaco es del 80%.

No hay que ser un genio para calcular que eso implica que si una cajetilla cuesta 4 €, entonces 3,2 € se los lleva el fisco, dejando un margen de 0,8 € para los implicados en la fabricación del producto y en su venta.

La subida de precios reduce el consumo, y, por tanto, disminuye los ingresos.

El fabricante se asusta y vuelve a bajar el precio de su producto, pero debe seguir pagando una delirante tasa al Estado.

¿Cómo diantre logra mantener su ganancia a pesar de la sangría económica a la que le someten los gobernantes?

Fácil: reduciendo los costes de producción.

A efectos prácticos eso conlleva modificar la calidad de la materia prima, para empezar, y los controles de calidad en el proceso de generación del producto para continuar.

En una palabra, el Estado obliga al fabricante a poner en circulación un lamentable producto.

Quiere 'Papá Estado' que se abandone el nocivo hábito del humo porque admite su negativo efecto sobre la salud, pero, con tal de recaudar a dos manos, no le importa lo más mínimo que quienes continúan consumiendo absorban detritus de lo más agresivo.

¿No denotaría verdadera preocupación por la salud reducir ese absurdo 80% a un razonable 50% para permitir que el fabricante pudiera generar un producto de calidad mucho menos dañino para la salud?

Con ese margen, el Estado podría exigirle al fabricante la eliminación de los productos que se supone pueden estar dando lugar a un daño sobre el organismo de quien consume. También se podrían usar componentes de mayor calidad, sustancialmente menos agresivos para la salud.

Pero no, al Estado eso parece importarle un comino. Quiere dinero fácil y lo obtiene.

La consecuencia lógica de esta situación es que el Estado está obligando a que los fabricantes de tabaco pongan en el mercado un producto cada vez más perjudicial, y, por tanto, contribuye activamente a que nos envenenen.

Igual que el ciudadano exige controles de calidad para muchísimas de las cosas que consume, y el Estado responde, cuando quiere o le parece oportuno, no se me ocurre ninguna razón para que no pueda hacer algo similar con productos como el tabaco.

Fumar puede ser una actividad de bajísimo riesgo para la salud si el producto carece de los componentes que agreden a los tejidos del organismo.

Una mínima investigación dirigida a la creación de un producto alternativo, gracias a una reducción de los impuestos, disminuiría los efectos del tabaco sobre la salud.

Así se cumpliría el objetivo que supuestamente se persigue con las extraordinariamente caras campañas publicitarias destinadas a que se abandone el hábito de fumar.

Pero ¿está el Estado dispuesto a promover semejante línea de acción?  Lo dudo, puesto que eso conllevaría una madurez mental que es difícil de atribuir a algunos en no pocos casos.