De un tiempo a esta parte, nuestra sociedad contempla,
impávidamente, cómo se atacan y recortan nuestras libertades bajo cualquier
pretexto.
Por ejemplo, tras el atentado de Paris, el Primer Ministro
de Reino Unido ha declarado a The Independent:
"En nuestro país, ¿queremos permitir medios de
comunicación entre personas que incluso en situaciones extremas, con la firma y
la garantía del Secretario de Estado, no podemos leer?"
Su respuesta ha sido un
tajante:
"No podemos permitirlo".
Todo para obtener una falsa sensación de seguridad o
Dios sabe qué otros intereses.
Conseguir un respeto a nuestra libertad de
comunicación nos ha costado muchos años y otras tantas luchas. Sigue
incompleta, pero, ahora parece que se quiere volver atrás usando un atentado
como excusa.
¿Y luego qué?
La extrema derecha francesa quiere cerrar las
fronteras y eliminar el tratado de Schengen.
La Unión Europea se forjó a través de un conjunto de
valores comunes y universales que deben ser protegidos. Los políticos europeos
deberían de ser más prudentes en respuesta a un atentado, sin olvidarse de esos
valores y evitando declaraciones que contradicen los motivos por los que se
creó la UE.
Además, las acciones que parecen querer
materializarse en la UE ya se pusieron en práctica después del 11 de Septiembre.
Saltándose las leyes vigentes, la NSA tuvo acceso a todas las comunicaciones
del planeta poniendo bajo vigilancia a millones de ciudadanos a cambio de nada.
En España, el gobierno acaba de aprobar la nueva ley
de propiedad intelectual. Con el fin de favorecer al lobby de AEDE, ha llevado,
entre otras cosas, a que Google cerrase su servicio de noticias (“Google News”) al negarse a pagar por indexar
noticias de esos medios. Conviene saber que era un servicio (a) por el que Google
no obtenía beneficio alguno, puesto que no lo monetizaba con publicidad y (b) presente
en más de setenta países y 35 idiomas.
El gobierno saca una ley al antojo de un lobby a
cambio de que la línea editorial de estos se condicione a la financiación
gubernamental y con una contraprestación económica vía Canon para ellos y un
claro recorte de la libertad de expresión.
Otro caso es la Ley de Servicios de la Sociedad de
información y de Comercio Electrónico (LSSI) que regula las comunicaciones electrónicas.
¡Que avanzados somos!
Podemos mandar libremente una carta postal, sin
ninguna restricción: hacemos un listado de nuestros posibles clientes,
imprimimos nuestras etiquetas y franqueamos nuestras cartas.
Pero si queremos hacer eso mismo de forma
electrónica (donde no usamos ninguna empresa estatal, como correos), es decir,
usando el email, entonces se necesita pedir un consentimiento previo al
potencial cliente.
El mismo contenido que pude enviar por carta, no
puedo hacerlo vía email, porque el estado ha decidido proteger de posibles
abusos a los ciudadanos. Podemos llenarle el buzón físico de cartas, pero la
bandeja de entrada de su correo electrónico queda protegida por esta Ley.
En la práctica, esto supone una importante traba
para cualquier pequeña empresa que quiera comercializar sus productos en España.
Se da la circunstancia de que recibimos diariamente multitud de correos SPAM
(normalmente de direcciones internacionales), sin nadie que nos proteja. Pero
poco se puede hacer si una empresa española quiere hacer una campaña de
marketing de 1.000 envíos a clientes realmente potenciales del servicio
ofertado. Legalmente, tendría que ponerse en contacto con esos 1.000 clientes
para pedirles autorización y hacerlo de forma que quede grabado, por si la AEPD
(Agencia Española de Protección de Datos) reclama esa información.
Cualquier campaña se hace así inviable para una
empresa pequeña, lo que beneficia claramente a las grandes empresas. Gracias a
su estructura, sus departamentos comerciales y sus departamentos de telemarketing,
el inconveniente de la ley es insignificante para el pez grande.
Es este otro caso en el que, en aras de la
privacidad, se está perjudicando a los más débiles con un trasfondo claramente
económico.
En fin, esta clase de coyunturas me produce la
sensación de que quieren coartar nuestras libertades con cualquier excusa. Nuestra
privacidad es una moneda de cambio de los intereses económicos con los que se
trafica.
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