Unos cuantos meses atrás, el
ayuntamiento de la localidad en la que resido desde hace dos décadas, me envió
un comunicado en el que se consignaba el mensaje de que los impuestos
municipales se reducirían con carácter inmediato.
Me pregunté cómo era posible teniendo
en cuenta que el anterior alcalde –en busca y captura por malversación de
fondos—había dejado las arcas del municipio con un déficit escandaloso. La
deuda era sencillamente astronómica.
En julio del año en curso, durante la
semana de las fiestas locales, se dio la circunstancia de que coincidí con el
actual alcalde tomando una cerveza y un suculento bocata de panceta después de
los encierros del día. Aproveché la oportunidad para, ante el grupo de gente
que pululaba por los alrededores, felicitarle por la gestión durante los escasos
dos años que llevaba en el poder.
Este lunes me entero por la prensa de
que ha sido detenido en la ya tristemente famosa Operación Púnica. También se hacen eco los medios de que ha sido
expulsado automáticamente del partido, sin contemplaciones, con mano firme.
En resumen, el juez decreta el
ingreso en prisión de alrededor de 50 personalidades públicas dedicadas a la
política (entre otros el alcalde de mi localidad), e, inmediatamente, los
ciudadanos de a píe, y sus compañeros, damos por demostrado que son culpables.
Me aterra.
¿En qué mundo vivimos?
Unos pisoteamos un derecho
fundamental, como es la presunción de inocencia, porque estamos
híper-sensibilizados ante la corrupción que, se supone, nos rodea por todas
partes. Otros, sus compañeros de partido, muestran un gesto autoritario no vaya
a ser que evitar actuar con la determinación que los ciudadanos exigimos pueda
restarle votos.
Los medios de comunicación nos han
llevado a un punto de crispación tal que ha anulado nuestra capacidad de
raciocinio. Ya no reparamos en que, en nuestra sociedad, los ciudadanos deben
ser tratados igual ante la ley. De ahí al linchamiento solo hay un pequeño
paso.
Aunque, en realidad, ese linchamiento
ya se produce. Es por ahora psicológico, pero si no reculamos a la mayor
brevedad terminará siendo, también, físico.
En un estado de derecho esta
situación debe ser considerada inadmisible. Al día siguiente a destaparse el
asunto, un tertuliano tuvo la osadía de recordarlo y sus compañeros de mesa se
lanzaron a devorarle jaleados, eso si, por el numeroso público asistente al
acto, que se celebraba en directo.
No sería la primera vez, ni, desde
luego, sería la última, en la que el correspondiente juicio demostrase la
inocencia del presunto culpable. Aún así, independientemente de cuál pueda ser
el resultado final, de este y otros procesos, lo que me resulta escalofriante
es la impulsividad con la que enjuiciamos taxativamente a personas como
nosotros a partir de la parcialísima información que transmiten los medios.
La culpabilidad demostrada debe
castigarse de modo ejemplar. No tengo reservas sobre este hecho. Pero llegar a
esa conclusión exige tiempo y, durante el periodo que media entre la acusación
y el veredicto, el respeto escrupuloso a las preceptivas garantías legales para
con el acusado, que es inocente hasta que se demuestra lo contrario.
La honradez debe presuponerse.
También en los cargos políticos. No actuar de ese modo está haciendo un enorme
daño al país en el que vivimos. Soltar nuestros instintos, olvidar las más
elementales normas legales, alimenta gravemente la sensación de que vivimos
gobernados por seres inmundos que solo piensan en su provecho personal.
Nuestro vecinos del norte se frotan
las manos al comprobar que los del sur nos sobramos y nos bastamos para
cubrirnos de porquería. Ahora, más que nunca, se echan de menos voces que
pongan los puntos sobre la íes.
La honradez se distribuye igual que
otras facetas humanas. Muy pocos son quienes no caen en corrupción alguna, como
también son muy pocos aquellos que necesitan la mínima excusa para caer en la
tentación. El problema no está en la mayor parte de los representantes
políticos, sino en esos pocos que ensucian el nombre de los demás.
Es, desde luego, un problema social
de importancia. Y un problema que debe corregirse en la medida de lo posible.
Pero la presentación masiva y repetitiva de esos casos nos está llevando a un
estado que nubla la razón. Cuando la emoción toma las riendas, esa razón salta
por la ventana y ya no se sabe lo que cabe esperar.
Peligroso.
Muy peligroso.
y las medallas concedidas por el Ministerio del Interior a los policías que han detenido al presunto pederasta de ciudad lineal? Que de momento es un preso preventivo, y por lo tanto inocente hasta que haya juicio. Eso si, sus datos ya han sido difundidos, igual que su cara, entorpeciendo el proceso judicial.
ResponderEliminarAbsolutamente Óscar. Es una epidemia para la que se necesitaría un protocolo de actuación.
ResponderEliminarEn política no hay presunción de inocencia. La mancha de la sospecha debería ser suficiente para que el partido cambie a sus representantes ante la previsión de que esa sospecha les reste votos. Ya se sabe "la mujer del César no solo debe ser casta sino parecerlo".
ResponderEliminarLegalmente, sí que hay presunción de inocencia, otra cosa es que la sociedad culpe antes de que lo diga el juez. Las encarcelaciones que se han producido no son porque se haya emitido veredicto sino para evitar destrucción de pruebas (como el formateo de discos duros de la sede del PP en el caso Bárcenas, con registros realizados unos cuantos meses después de destaparse el caso), riesgo de fuga o que haya riesgo para la población (como en el caso del pederasta).
Gracias por los matices. Lo que importa es la verdad, no la apariencia. La sociedad debe culpar cuando se debe. Concuerdo plenamente en la necesidad de articular mecanismos para evitar la posible destrucción de pruebas.
ResponderEliminarLo cierto es que la Justicia es demasiado lenta y es por eso que los medios y la sociedad toman el relevo ante su diletancia. Por otra parte los politicos se escudan demasiado en la Justicia a la hora de depurar responsabilidades politicas en los partidos. Una cosa es la verdad juridica y otra cosa es la verdad politica. Los partidos deben sancionar las verdades politicas y no esperar a que la Justicia se pronuncie.
ResponderEliminarNuestra corrupción actual se la debemos a los que enterraron a Montesquieu allá por los 80. Ahora todo el mundo mete la mano en la hucha común.
ResponderEliminarPaco, comprendo naturalmente lo que dices. Pero la verdad es la verdad.
ResponderEliminarEstimado anónimo: "todo el mundo no mete la mano en la hucha común". Esa declaración es muy injusta para la mayoría que deja la mano en su bolsillo.